Alcance laboral de la nueva ley de contratos del sector público.

Alcance laboral de la nueva ley de contratos del sector público.
El pasado 9 de noviembre de 2017 se publicó la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público (LCSP). De conformidad con su disposición final decimosexta, su entrada en vigor está prevista a los cuatro meses de su publicación en el BOE, es decir, el 9 de marzo de 2018.

Esta norma transpone las Directivas comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 a la ley de contratos públicos, realizando por tanto una modificación de calado de la regulación vigente en la materia.
Las siguientes líneas de este artículo están destinadas a identificar las novedades en materia socio-laboral introducidas por esta ley:
En primer lugar, parece que existe una clara intención de aumentar los criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación pública, que deberán estar vinculados, en todo caso, al objeto del contrato. Hasta ahora, esa vinculación debía ser directa. La nueva LCSP flexibiliza este requisito, al entender vinculado cualquier criterio que se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida.

Estos criterios se aplicarán, en caso de no previsión expresa, para el desempate entre dos o más ofertas, debiendo atenderse, por este orden, al mayor porcentaje de (a) trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión, (b) temporales, o (c) mujeres.

Igualmente, podrán establecerse condiciones sociales o laborales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto. Entre las que cita la LCSP, cabe destacar, por su novedad, la de garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción, un deber que todavía no existe en nuestro ordenamiento, pero que ya resulta exigible en países de nuestro entorno (Francia, Reino Unido) y cuya generalización vienen reclamando la OIT y el Parlamento Europeo.

Por otro lado, promueve e impone (parcialmente) la aplicación del convenio colectivo sectorial, en contra del principio de prioridad aplicativa del convenio de empresa, dado que el presupuesto base de licitación (esto es, el límite máximo de gasto), deberá desglosar los costes salariales estimados a partir del convenio sectorial. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán incluir, en todo caso, la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales (y se entienden que demás derechos) conforme a dicho convenio sectorial. En caso de vulnerar esta obligación supondrá multas e incluso la resolución del contrato.

Además, se introduce la prohibición de contratar con la administración para aquellas empresas de más de 250 trabajadores que incumplan la obligación de contar con un plan de igualdad. Así, lo que hasta hace poco era considerado por el Tribunal de Cuentas como un criterio de adjudicación inválido por, supuestamente, “no afectar a la prestación objeto del contrato”, ahora deviene en condición sine qua non para contratar con la administración, en el caso de aquellas empresas legalmente obligadas.

Por último, aunque no por ello menos importante, se incorpora una nueva regulación sobre subrogación de trabajadores. Cuando la administración asuma por medios propios un servicio que venía prestándose por personal con obligación de subrogación en virtud de norma legal o convencional, deberá subrogarse en la condición de empleadora. Podrán imponerse penalizaciones al contratista saliente que incumpla la obligación de informar sobre las condiciones de subrogación. El contratista entrante dispondrá de una nueva acción de reclamación para el caso de que los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada, y, en todo caso, estará exento de responsabilidad sobre los salarios y cotizaciones impagados respecto de los trabajadores afectados.

0 Comentarios

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

20 − 3 =