lunes, 16 de marzo de 2020

Efectos de la declaración del estado de alarma en los plazos tributarios

El pasado sábado 14 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional, debido a la grave situación causada por el COVID-19. En las disposiciones adicionales tercera y cuarta de esta norma se encuentran preceptos que afectan directamente al cómputo de los plazos tributarios, del siguiente modo:

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.

 María Ángeles  
Director Tax  
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 ManuelManuel Peñín  
Tax  
Email  

 1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

 2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

 4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

De este modo, con efectos desde el sábado 14 de marzo de 2020 se suspenden términos y se interrumpen los plazos de los procedimientos administrativos hasta el fin de la vigencia del Real Decreto, siendo esta de 15 días prorrogables. Aunque esta disposición se refiere a todos aquellos procedimientos de las entidades del sector público enumeradas en el artículo 2 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, entre las que encontramos a las administraciones tributarias en todos sus distintos niveles territoriales, nos encontramos con cierta incertidumbre en relación a la aplicabilidad directa de la citada disposición. Por un lado resulta claro que esta suspensión e interrupción es de aplicación  en todos aquellos procedimientos tributarios iniciados tanto de oficio como a instancia de parte (verificación de datos, comprobación limitada, inspección, apremio, procedimientos de devolución, solicitudes de aplazamientos de pago o compensación de deuda; recursos de reposición, reclamaciones económico-administrativas, etc..).

Sin embargo, la redacción de la norma no aclara su aplicabilidad respecto a los plazos establecidos para determinadas obligaciones materiales y formales del contribuyente, tales como obligaciones de pago en deudas liquidadas por la Agencia Tributaria, presentación de autoliquidaciones y de declaraciones informativas o plazos relacionados con las notificaciones tributarias, en el sentido en que, aunque el título de la disposición adicional se refiere a “plazos administrativos” pareciéndose referir a plazos en el seno de procedimientos estrictamente administrativos, el apartado dos hace referencia, con un carácter más expansivo en cuanto a su aplicabilidad, a plazos tramitados frente a todo el sector público.

Por consiguiente, nos encontramos a la espera de que la Agencia Tributaria aclare los efectos de esta disposición adicional, de modo que establezca de forma concreta su aplicabilidad respecto a aquellos plazos en los que existe cierta incertidumbre.

Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

 Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Con los mismos límites temporales, se suspenden los plazos de prescripción de derechos de la Agencia tributaria (Prescripción del derecho a liquidar, a recaudar y a sancionar) y los plazos de caducidad de los procedimientos tributarios.

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