miércoles, 18 de marzo de 2020

Medidas Tributarias BOE del 18 de Marzo

Continuando con la actualización de directrices que el  Gobierno de España se encuentra aprobando paliar los efectos de la grave y excepcional situación en la que nos encontramos debido al COVID-19.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy, 18 marzo de 2020, determinadas disposiciones en relación al cómputo de los plazos tributarios.

En primer lugar, se ha publicado el Real Decreto 465/2020 que modifica el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma desde el pasado sábado 14 de marzo. Concretamente, esta norma dispone lo siguiente:

 María Ángeles  
Director Tax  
Email  

 

 ManuelManuel Peñín  
Tax  
Email  

Cuatro. Se modifica el apartado 4 y se añaden dos nuevos apartados 5 y 6 a la disposición adicional tercera, con la redacción siguiente:

«6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.»

 De acuerdo con estos preceptos, se aclaran las incertidumbres que el Real Decreto publicado el pasado sábado había generado en relación con la aplicabilidad de la suspensión de términos e interrupción de plazos administrativos para determinadas obligaciones materiales y formales del contribuyente.

De esta forma, la norma aclara que la citada suspensión de términos e interrupción de plazos no es aplicable a los plazos para presentar declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Por consiguiente, los plazos de aquellas declaraciones y autoliquidaciones que se encuadren en el ámbito temporal de vigencia de este Real Decreto no se verán afectados por esta disposición adicional, por lo que deberán ser llevadas a cabo en los plazos que la normativa tributaria vigente establece para ello.

En segundo lugar, el BOE publica el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de febrero donde encontramos medidas adicionales relacionadas con el ámbito tributario

  • En primer lugar, se establece una ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de los siguientes plazos que no hubieran concluido a la entrada en vigor de esta norma referentes a pago de la deuda tributaria en periodo voluntario (art. 62.2 LGT), de pago de la deuda tributaria en periodo ejecutivo, es decir, una vez recibida providencia de apremio (art. 62.5 LGT), vencimiento y fracción de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación
  • En segundo lugar, los plazos que se comuniquen a partir de la entregada en vigor de este real decreto se entienden ampliados hasta el 20 de mayo de 2020. En esta medida se incluyen los plazos otorgados para el pago de la deuda tributaria en periodo voluntario (art. 62.2 LGT), de pago de la deuda tributaria en periodo ejecutivo, es decir, una vez recibida providencia de apremio (art. 62.5 LGT), los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia.
  • Se establece, adicionalmente, que para el supuesto en que el obligado atendiera al requerimiento o solicitud de información de transcendencia tributaria aun teniendo la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos anteriores, se considerará evacuado  trámite.
  • En el período comprendido desde la entrada en vigor de este decreto-ley hasta el 30 de abril de 2020 no se computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pero durante este período la Administración podrá impulsar, ordenar y realizar los trámites que considere imprescindibles.
  • El periodo mencionado en el punto anterior no computara a efectos de los plazos de prescripción relativos a los derechos de la Administración Tributaria y del contribuyente, establecidos en el propio artículo 66 de la LGT, ni a efectos de plazo de caducidad.
  • En relación a los recursos de reposición y económico-administrativos, las resoluciones que les pongan fin se entenderán notificadas cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020 a los efectos de los plazos de prescripción del artículo 66 LGT.
  • El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.
  • En cuanto a lo referente a los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor de este real decreto-ley se amplían hasta el 30 de abril de 2020. Para el supuesto actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida por la Dirección General del Catastro tendrán de plazo para ser atendidos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.
  • Finalmente, la disposición final primera modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Mediante esta modificación, se establece la exención de cuota gradual de actos jurídicos documentados para aquellas escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del presente real decreto-ley.

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