martes, 10 de agosto de 2021

Ley 11/2021 recargos extemporáneos

La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, Ley 11/2021 de 9 de Julio, introduce una serie de modificaciones en el sistema de recargos por extemporaneidad previsto en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

La reforma introducida por la Ley de Fraude fiscal opera en concreto sobre el apartado 2 del artículo, el resto del articulado (apartados 1 y 3 a 5) mantiene su actual redacción.

El propio Preámbulo de la ley, en su aparado XI, explica las razones por la cual este articulado ha sido modificado, el cual se justifica por razones de “proporcionalidad y justicia tributaria”, estableciendo un sistema de recargos crecientes del uno por ciento por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya transcurrido un periodo de doce meses de retraso. Así mismo, se excepciona de dichos recargos a quien regularice una conducta tributaria que lo haya sido previamente por la Administración Tributaria por el mismo concepto impositivo y circunstancias, pero por otros periodos, no habiendo sido merecedora de sanción, siempre que se regularice en un plazo de seis meses desde la notificación de la liquidación.

Lo que no se modifica con la nueva regulación es el hecho de que la aplicación de estos recargos resulta incompatible con la imposición de sanciones y con el devengo y exigencia de intereses de demora, es decir, este nuevo sistema de recargos extemporáneos se aplica a las presentaciones extemporáneas de hasta doce meses una vez superado ese plazo. El recargo aplicable sigue impidiendo la imposición de sanciones, pero es compatible en cambio, con la exigencia de intereses de demora.

Por lo tanto el sistema de recargos quedará del siguiente modo:

Como hemos mencionado anteriormente, se incluye un nuevo apartado en el cual no se exigirán los recargos cuando el obligado tributario regularice su situación tributaria mediante declaraciones o autoliquidaciones de otros períodos por el mismo concepto, hecho o circunstancia regularizado por la administración, siempre y cuando se cumplan los siguientes hechos:

  • Que la autoliquidación o declaración se presente en el plazo de 6 meses desde el siguiente a la notificación de la liquidación.
  • Que se reconozcan y paguen completamente las cantidades resultantes.
  • Que no se solicite rectificación de la autoliquidación, ni se recurra la liquidación emitida por la Administración
  • Que la regularización administrativa no derive en una sanción.

A pesar de ello, no impide que se inicie un procedimiento de comprobación o investigación en relación con las obligaciones tributarias regularizadas.

Debemos de tener en cuenta la aplicación retroactiva de las normas más favorables en el régimen de recargos, en relación con las normas que regulan el régimen de infracciones y sanciones tributarias, contempladas en el artículo 4.3 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y ha sido reiterada en el artículo 10.2, párrafo segundo, de la actual Ley General Tributaria.

Por lo que la disposición transitoria primera de la nueva Ley prevé la aplicación de este nuevo sistema a todos los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para los obligados y el recargo no haya adquirido firmeza. Esta aplicación retroactiva se llevará a cabo por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos pertinentes.

Lo que se ha intentado potenciar con esta nueva redacción es facilitar la regularización de aquellos contribuyentes que no se encuentran al día de sus obligaciones tributarias dando lugar a una mayor facilidad autoliquidadora con una situación más ventajosa para el contribuyente con este nuevo sistema de recargos.

Adicionalmente se introduce una modificación en el artículo 209.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) en el cual la Administración dispone de un plazo de 6 meses para iniciar el expediente sancionador desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución, (la redacción de la nueva ley 11/2021 lo amplía de 3 a 6 meses) y de 6 meses más para terminarlo.

Por último, destacar en la exposición de motivos se indica que esta modificación que precisa el régimen de recargos no será de aplicación a las declaraciones aduaneras.

Autora: Isabel Robledillo Juárez

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