jueves, 11 de noviembre de 2021

Plusvalía municipal - ¿Podemos recurrir?

Mucho se ha escrito últimamente del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (más conocido como la “Plusvalía Municipal”) e, incluso como juristas, podríamos ahondar en discutir la “procedencia” de lo que el Tribunal Constitucional ha acuñado en denominar como “situaciones consolidadas” o, si me apuran, incluso debatir si realmente es legítimo que la solución del Gobierno haya sido el aprobar “un nuevo” impuesto mediante un Real Decreto-Ley,…

Pero lejos de querer entrar en mayores polémicas – ya nos “pelearemos” en los tribunales si debemos defender los intereses de alguno de nuestros clientes – lo que nos gustaría es intentar exponer las principales situaciones en las que entendemos se puede encontrar un contribuyente y ver de qué manera entendemos se debería actuar:

  • Impuestos liquidados o autoliquidados que SÍ fueron recurridos con anterioridad a 26 de octubre de 2021 y pendientes de resolución – Lo oportuno sería que próximamente las administraciones o juzgados que tengan el asunto pendiente de resolver, y en atención a la inconstitucionalidad declarada de la norma en la que se basaban, resuelvan favorablemente el recurso y ordenen la devolución del importe abonado (junto con los correspondientes intereses de demora).

Si esta resolución no se produce, deberemos ver la conveniencia de presentar escritos aportando la sentencia en aras a reclamar la oportuna resolución.

  • Impuestos liquidados o autoliquidados que NO fueron recurridos con anterioridad a 26 de octubre de 2021 – En este supuesto (y para evitar recursos masivos) el Tribunal Constitucional ha establecido la figura de las “situaciones consolidadas” y en consecuencia “no recurribles” según su criterio.

Como anticipábamos, en los supuestos de impuestos autoliquidados y que no hayan prescrito (por no haber transcurrido los 4 años previstos en la normativa), consideramos muy discutible esta figura y entendemos que existirían posibilidades de recurso; si bien teniendo en cuenta que previsiblemente para “ganar el recurso” se deba recurrir a instancias “europeas” - para invalidar este criterio del Tribunal Constitucional -, consideramos que es una alternativa que debe ser sopesada en atención al importe de la plusvalía a reclamar y los costes que puede comportar el proceso.

  • Impuestos pendientes de liquidación antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto-Ley – Este sería el caso de transmisiones producidas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Real Decreto-Ley (porque sean anteriores al 26 de octubre o incluso hasta el 9 de noviembre de 2021) y que no hayan sido declaradas, liquidadas o autoliquidadas (pues la realidad es que algunos Ayuntamientos pueden tardar 4 o incluso más de 6 meses en emitir las oportunas liquidaciones del impuesto).

En este supuesto entendemos que, NO resulta de aplicación la “normativa anterior” (declarada inconstitucional), ni la nueva normativa aprobada (por no tener efectos retroactivos) motivo por el cual, cualquier liquidación del Impuesto emitida por un Ayuntamiento por este periodo, entendemos debería ser recurrida en aras a procurar su anulación.

  • Impuestos liquidados al albur del nuevo Real Decreto-Ley – Como también anticipamos, consideramos de una legalidad más que dudosa el haber recurrido a un Real Decreto-Ley para “recuperar” el Impuesto, y consideramos que el trámite oportuno debería haber sido el proyecto de ley (para ser aprobado como “ley ordinaria”) si bien este procedimiento hubiese supuesto meses de tramitación parlamentaria (siguiendo las garantías normativas establecidas para ello).

En virtud de esta “potencial inconstitucionalidad”, entendemos serían recurribles estas nuevas liquidaciones, si bien es previsible que tengan escaso recorrido pues probablemente la normativa será posteriormente convalidada o tramitada como Ley,… y viendo los antecedentes del Tribunal Constitucional en posibilidad de garantizar las arcas de las administraciones y no los derechos de los contribuyentes, el hecho que el Gobierno haya tenido 4 años (desde que empezaron las Sentencias en contra de esta impuesto) para modificarlo y haya optado por hacerlo ahora por un “procedimiento de urgencia” (cuya motivación debe quedar demostrada), no parece vaya a suponer una vía que los tribunales habiliten al efecto.

Cabe indicar que incluso la Gestha (el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) defiende que los Ayuntamientos no estarían en disposición de liquidar el impuesto hasta que no adapten sus ordenanzas fiscales a la nueva normativa aprobada.

En cualquier caso, quedamos a su entera disposición para analizar su situación en concreto y ver la mejor manera de proceder.

Autor: Sergi Pina

Cookies

Baker Tilly utiliza cookies con el fin de mejorar continuamente sus servicios,  así como de mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de cookies. Para más información acerca del uso de las mismas o de cómo eliminarlas, haga clic en nuestra politica de cookies.