viernes, 3 de junio de 2022

¿Puede solicitarse daños morales junto a la petición de declaración de nulidad del despido? El TS sienta los requisitos para su valoración

Cuando se produce la extinción del contrato de trabajo por voluntad del empresario, esta ha de estar justificada, ya que de lo contrario sería dejar al arbitrio del empleador la vigencia de la relación laboral sin consecuencia alguna.

No obstante, el trabajador/a, una vez recibida la carta de despido donde se le pone en conocimiento de los motivos que han llevado a la adopción de la medida más severa del poder de dirección del empresario/a, puede considerar que la empresa no ha cumplido con la justificación por no proporcionar un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos imputados, o por no corresponderse con la realidad.

Ante esto, el trabajador/a puede optar por acudir a los tribunales para recurrir la decisión extintiva –teniendo en cuenta el plazo de caducidad para ello–, y que sean nuestros jueces quienes sentencien, tras la fase probatoria, si media causa que así lo justifique.

El fallo de la sentencia puede concluir que el despido es procedente, improcedente o nulo, provocando cada una de estas declaraciones unos efectos distintos.

Si se estimase nulo, por resultar discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, debe producirse la inmediata readmisión de este, así como el abono de los salarios de tramitación, que son aquellos dejados de percibir desde el momento de la extinción hasta la efectiva reincorporación en su puesto de trabajo.

En la Sentencia 1605/2022 del Tribunal Supremo de 20/04/2022 (nº resolución 356/2022), en recurso de casación para unificación de doctrina, se plantea la posibilidad de que la indemnización por daños morales solicitada pueda ventilarse en el mismo cauce procesal, sin que sea necesario iniciar un nuevo litigio.

En menos de medio mes la empresa pasó de comunicar al trabajador/a la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave, motivada por una disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal, a proceder a su rescisión tras la entrega de la carta de despido disciplinario.

Alega el demandante –trabajador/a– que ese cese laboral trae causa de una previa denuncia que había interpuesto contra la empresa por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, y, por tanto, es una represalia frente al ejercicio de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Tras un recorrido por los tribunales, finalmente corresponde a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo determinar si una sentencia que declara nulo el despido, además de los habituales pronunciamientos –a recordar: readmisión y salarios dejados de percibir– debe llevar aparejada la correspondiente indemnización por daños morales derivados de la vulneración del derecho fundamental.

Aunque pareciera esto último un asunto ajeno al debate al establecer la propia Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) en su artículo 26 en conexión con el 184, como supuestos especiales de acumulación de acciones, la posibilidad de reclamar junto a la de despido “las indemnizaciones derivadas de discriminación o lesión de derechos fundamentales y libertades públicas y demás pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de tales derechos fundamentales y libertades públicas”, parece no ser pacífico en la práctica de los Juzgados.

Así, algunos entienden, como en las propias sentencias de contraste aportadas al caso se puede observar, que el objeto de enjuiciamiento debe quedar limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública exclusivamente y, por tanto, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza; mientras otros deducen que al declarar la nulidad del despido deben pronunciarse sobre la indemnización en concepto de resarcimiento por vulneración del derecho. 

Por ello, el Supremo ha querido dejar sentado nuevamente, como ya lo había hecho en otras ocasiones que, efectivamente, “en el proceso de despido, cuando se alega violación de derechos fundamentales o libertades públicas, junto a la solicitud de nulidad del despido, pudiese solicitarse, enjuiciarse, y eventualmente, concederse una indemnización adicional específica reparadora de daños morales o materiales cuya reparación ha de ser compatible con la obligación legal de readmisión y abono de salarios de tramitación”.

Esto es así porque se entiende que, dentro del concepto de “indemnizaciones derivadas de discriminación de derechos fundamentales” quedan incluidos los daños morales, ya que están estrechamente vinculados, y, por tanto, es el órgano judicial que conoce de la acción de despido el que ha de establecer la cuantía indemnizatoria.

No obstante, establecer a cuánto asciende el quantum económico no es tarea fácil al no proporcionarse unas bases o parámetros precisos para su determinación. Aunque bien es cierto que ampliamente se admite como criterio orientador las sanciones previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en ocasiones no termina de ser convincente su aplicación, ya que la horquilla del importe de las sanciones para un mismo tipo de falta es muy amplia.

Es por ello, y como aspecto novedoso en esta sentencia, que el Tribunal Supremo ha querido establecer algunos criterios que han de valorarse en cada caso concreto para poder sentar la indemnización más ajustada posible al daño producido.

Así, se han de tener en cuenta aspectos tales como “la antigüedad del trabajador/a en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso”.

Por todo lo expuesto, ya no cabe lugar a duda: los tribunales de instancia deben entrar a calcular el valor del resarcimiento por daños morales en caso de entender que el despido es nulo, ya que estos quedan englobados dentro de “las indemnizaciones derivadas de discriminación o lesión de derechos fundamentales” a la que hace referencia la ley. Para concretar todo ello, se debe fundamentar teniendo en cuenta los criterios orientadores expuestos anteriormente, lo cual puede hacer que se estime adecuada una cantidad de incluso 60.000€, como en la sentencia analizada, que viene a ser más elevada de la media para estos supuestos.

Autora: Ana Sánchez 

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