El Tribunal Supremo, alineado con las Directrices OCDE, fija nuevos criterios para operaciones de cash pooling y precios de transferencia.

Los motivos de esta sentencia son: garantizar el principio de plena competencia y evitar desequilibrios en la remuneración intragrupo.

Consecuencias clave:

• Simetría obligatoria en los tipos de interés
• Referencia a la calificación crediticia del grupo, no de cada filial
• Recalificación de aportaciones como préstamos, no depósitos
• Prohibición de márgenes adicionales si la entidad central no asume riesgos
• Necesidad de actualizar acuerdos y documentación de precios de transferencia