En medio de titulares confusos, conviene aclarar qué se aprueba hoy en el Consejo de Ministros sobre la jornada laboral de 37,5 horas semanales y qué pasos quedan por delante hasta su aplicación efectiva.

Hoy, el Gobierno aprueba el Proyecto de Ley que formaliza la reducción de la jornada laboral máxima ordinaria de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Este texto incluye también una regulación más estricta del registro de jornada —que deberá ser digital, individual y accesible—, así como una protección reforzada del derecho a la desconexión digital y un nuevo régimen sancionador que endurece las multas por incumplimientos en materia de tiempo de trabajo.

Pero cuidado: esta aprobación no implica que la nueva jornada entre en vigor hoy. El texto será ahora enviado al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación parlamentaria, que puede incluir enmiendas y ajustes. Solo una vez aprobado por Congreso y Senado, y publicado en el BOE, pasará a ser de obligado cumplimiento.

El Gobierno espera que la norma entre en vigor antes de que acabe 2025, con una implementación efectiva a partir del 1 de enero de 2026. Las empresas tendrían hasta el 31 de diciembre de este año para adaptar sus convenios colectivos a la nueva jornada.

En resumen:
• Hoy no cambia la ley, sino que comienza el trámite para cambiarla.
• No hay obligación legal aún de reducir jornadas ni cambiar sistemas de control horario.
• Las empresas pueden empezar a prepararse, pero sin aplicar cambios hasta que la ley sea aprobada y publicada.

Como en toda reforma legislativa, el proceso será gradual. Conviene seguirlo de cerca, pero sin anticipar pasos que aún no están respaldados jurídicamente.

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