
Cuando analizamos los grandes éxitos empresariales, solemos atribuirlos a una buena estrategia, a la capacidad de adaptación o de anticipación al mercado, a la innovación, etc.
Pero cuando analizamos los fracasos, nos encontramos con algo distinto: decisiones mal tomadas, tomadas muy tarde y/o mal fundamentadas. Es decir, con un modelo de gobernanza que no es del todo efectivo.
Tomar decisiones es una cuestión crítica. Las organizaciones actuales operan en entornos complejos, cada vez más inciertos y exigentes. Por eso, las decisiones estratégicas que adoptemos tienen un impacto mucho mayor que hace años: invertir o no invertir, crecer de forma orgánica o mediante adquisiciones, apostar por la IA o por cualquier otra tecnología, preparar la sucesión de los equipos directivos, responder a crisis reputacionales o a cambios regulatorios significativos, etc.
Una buena gobernanza crea las condiciones para que las decisiones sean más robustas; garantiza que los roles estén claramente definidos, que dispongamos de toda la información adecuada, que se produzca un debate riguroso, que se valoran los riesgos y, sobre todo, que las decisiones se alineen con la estrategia y los objetivos a largo plazo.
Una buena gobernanza no elimina la incertidumbre, pero ayuda a gestionar mejor la complejidad y, además, genera confianza en los grupos de interés: accionistas, inversores e inversoras, clientes, plantilla, organismos reguladores, etc. Y la confianza es la base sobre la que las organizaciones aseguran su legitimidad, su resiliencia y su futuro.
Por todo ello, la gobernanza está adquiriendo, cada vez más, una relevancia creciente en los órganos de gobierno y en los equipos directivos. En este contexto, nos puede surgir esta pregunta:
¿Cómo sabemos si nuestro sistema de gobernanza es realmente eficaz?
Quien más, quien menos, cuenta con reglamentos, políticas y procedimientos en dichos órganos de gobierno, pero estas medidas no garantizan una gobernanza efectiva.
Lo que nos debemos preguntar es si nuestro sistema de gobierno está ayudando a tomar mejores decisiones, si contamos con la preparación necesaria para afrontar los desafíos actuales y futuros, y si funciona conforme a las mejores prácticas disponibles. Responder a estas preguntas no ha sido tradicionalmente sencillo.
Muchas organizaciones disponen de sistemas de gestión certificados en calidad, medio ambiente, seguridad de la información, etc., y todos ellos se basan en el ciclo de mejora continua, que implica planificar, ejecutar, medir y mejorar.
Si antes hemos comentado que la gobernanza es un tema estratégico, es razonable priorizar su gestión. Y, además, en un entorno donde la transparencia y la rendición de cuentas son cada vez más relevantes, las organizaciones no solo deben gobernarse bien, medir y mejorar, sino también deben ser capaces de demostrarlo. Y cuanto más objetiva sea la evaluación, mayor será la credibilidad.
En este contexto, surge una solución innovadora muy interesante: el modelo de buen gobierno y gobernanza de AENOR, entidad de certificación líder en España.
El citado modelo busca proporcionar a las organizaciones un marco riguroso de certificación para evaluar la madurez de los sistemas de gobernanza, identificar oportunidades de mejora y demostrar un compromiso con las prácticas de buen gobierno.
El modelo toma como referencia los estándares UNE-ISO 37000, sobre gobernanza de las organizaciones, y UNE-ISO 37004, sobre el modelo de madurez de la gobernanza, y es aplicable tanto a grandes sociedades mercantiles cotizadas como a empresas no cotizadas, fundaciones, asociaciones y cooperativas.
La solución se estructura en tres bloques:
Principios Generales de Gobernanza:
- Propósito y valores
- Generación de valor
- Estrategia y liderazgo
- Gestión de riesgos
Órganos Sociales o de Gobierno:
- Definición de competencias y funcionamiento
- Composición y estructura de los órganos de gobierno
- Políticas y procedimientos
Mejora Continua:
- Formación y sensibilización
- Informes y reportes
- Planes de acción y auditorías anuales
El proceso de certificación es similar al de otros esquemas. En primer lugar, se realiza una evaluación inicial para identificar las principales áreas de mejora en gobernanza. A continuación, se implementa el plan de acción basado en los resultados del análisis de brechas y, finalmente, se lleva a cabo la auditoría inicial de certificación. El certificado tiene una vigencia de tres años, sujeto a auditorías anuales.
Se trata, sin duda alguna, de una iniciativa muy interesante que viene a cubrir una necesidad real de las organizaciones: cómo mejorar y profesionalizar la toma de decisiones.
Desde Baker Tilly apostamos fuertemente por esta solución innovadora, acompañando a las organizaciones en la implantación del citado modelo gracias a un equipo muy competitivo de consultoras, consultores y profesionales legales que colaboran estrechamente con el equipo profesional de AENOR.