Bruselas pisa el freno: la UE aplaza su agenda verde para salvar la competitividad
La reforma que redefine el ritmo de la sostenibilidad europea
El símbolo de este cambio es el paquete Ómnibus, la reforma legislativa impulsada por la Comisión Europea desde febrero de 2025 con el argumento de reducir la carga administrativa sobre las empresas. Lo que empezó como una simplificación técnica se ha convertido en una revisión de fondo de los pilares regulatorios del Pacto Verde: la CSRD, la CSDDD, la Taxonomía, el reglamento de deforestación (EUDR) y el calendario del mercado de carbono.
CSRD: del 100 % al 10 % de las empresas obligadas
La Directiva (UE) 2026/470, publicada el 26 de febrero de 2026, eleva el umbral de aplicación de la Directiva CSRD de reporting corporativo en sostenibilidad a las empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación. En la práctica, esto excluye en torno al 90 % de las compañías que inicialmente iban a quedar obligadas a reportar. A ello se suma una reducción de hasta el 50 % de los puntos de datos exigidos por los estándares ESRS y una diligencia debida (CSDDD) limitada a proveedores directos de más de 500 empleados.
Deforestación: tercer aplazamiento en tres años
El Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), que debía aplicarse en diciembre de 2024 y que aplica a los importadores de ciertas materias primas como cacao, soja, madera, café, etc., ha sido pospuesto por tercera vez consecutiva. El nuevo calendario, aprobado en diciembre de 2025, retrasa su entrada en vigor hasta el 30 de diciembre de 2026 para las medianas y grandes empresas, y hasta junio de 2027 para las microempresas y pequeñas empresas. La Comisión deberá además presentar antes de abril de 2026 un informe de simplificación que podría suavizar aún más las obligaciones de trazabilidad.
El precio del CO₂ en carretera y calefacción, un año más tarde
El nuevo régimen de comercio de emisiones para el transporte por carretera y la calefacción de edificios (ETS2), que iba a encarecer los combustibles fósiles a partir de 2027, se retrasa a 2028. El Parlamento Europeo justifica la medida por el riesgo de un impacto excesivo sobre los precios de la energía para hogares y transportistas, en un contexto de inflación energética aún sensible tras la crisis de 2022.
Industria pesada: más años de derechos gratuitos
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) entró en su fase plena el 1 de enero de 2026, pero su efecto real sobre la industria europea sigue amortiguado por los derechos de emisión gratuitos del régimen ETS, que debían desaparecer progresivamente hasta 2034. La UE regala estos derechos que permiten la emisión de CO2 gratis a las fábricas europeas de determinados sectores (acero, cemento, química, etc.) para que puedan competir con el resto del mundo. Una propuesta de la Comisión presentada en julio de 2026 plantea ahora ralentizar esa retirada a partir de 2028 y extenderla hasta 2038, con el argumento de proteger a estos sectores frente al riesgo de deslocalización industrial.
Qué hay detrás del freno:
El informe Draghi (2024) y la Brújula de Competitividad de la Comisión sitúan el coste regulatorio como una amenaza para la posición industrial europea frente a EE. UU. y China.
El PPE, el grupo con más representación del Parlamento Europeo, exige explícitamente reducir la sobrerregulación verde y ha condicionado su apoyo a otros expedientes a estas concesiones.
Francia, Alemania e Italia han pedido aplazamientos concretos para proteger a su industria pesada y a las pymes exportadoras.
El temor a un nuevo aumento de los precios de la energía, que podría incrementar el descontento social, explica en buena medida el retraso del ETS2.
La UE mantiene sus objetivos, pero amplía los plazos
Ningún actor institucional plantea derogar el Pacto Verde. Los objetivos de reducción de emisiones del 55 % para 2030 y del 90 % para 2040 se mantienen, y el CBAM, la CSRD y la EUDR siguen vivos en su arquitectura de fondo. Lo que cambia es el ritmo y el alcance: menos empresas obligadas, más tiempo de adaptación y más protección a los sectores intensivos en carbono. Para 2027 se esperan los actos delegados que simplificarán definitivamente los ESRS, la transposición nacional de la CSRD revisada y la entrada en vigor efectiva de la EUDR. El verdadero examen llegará en 2028, cuando deban aplicarse simultáneamente el ETS2 y el inicio de la retirada de derechos gratuitos a la industria: ahí se verá si la UE mantiene el pulso climático o prolonga de nuevo los plazos.
Qué significa para las empresas
La reducción de obligaciones legales no debería confundirse con una pérdida de relevancia estratégica de la sostenibilidad. Los inversores, la banca y los grandes clientes siguen pidiendo información ESG con independencia de lo que exija la norma, y las empresas que ya iniciaron su transición reportan ventajas competitivas y de acceso a financiación. El mensaje para 2026-2027 es claro: menos presión regulatoria, pero la misma presión de mercado. Quien use esta pausa normativa para desacelerar también su estrategia corre el riesgo de llegar tarde cuando el calendario se endurezca de nuevo.
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