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Cómo prepararse ante la Directiva antigreenwashing

Jordi Martínez 18 nov 2026

¿Qué cambia para las empresas?

El pasado 27 de septiembre de 2026 empezó a aplicarse la Directiva (UE) 2024/825, conocida como Directiva antigreenwashing. Te contamos cómo afecta a las organizaciones y qué pueden hacer para prepararse.

Qué pretende la Directiva antigreenwashing

La Directiva antigreenwashing o Directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica persigue dos objetivos principales:

  • Impedir que las empresas que venden de la Unión Europea usen mensajes ambientales engañosos para vender.
  • Mejorar la información que recibe la ciudadanía sobre sostenibilidad, durabilidad y reparabilidad de los productos.

Por qué se ha publicado

El detonante de la Directiva fue un estudio de la Comisión Europea de 2020: el 53,3 % de las alegaciones ambientales analizadas eran vagas, engañosas o infundadas, y el 40 % no tenía ningún respaldo. A ello se suma la proliferación de distintivos: la Comisión contabilizó 230 etiquetas ecológicas distintas en el mercado de la UE.

El resultado es doble: quien compra no puede distinguir qué producto es realmente más sostenible, y las empresas que invierten de verdad en reducir su impacto ambiental compiten en desventaja frente a quien solo invierte en marketing.

Principales requisitos para las alegaciones ambientales

La Directiva (UE) 2024/825 quiere garantizar que los claims o alegaciones ambientales formulados por las organizaciones sean verdaderos y claros. Una alegación ambiental es cualquier mensaje no obligatorio por ley (texto, imagen, símbolo, sello, marca o denominación) que afirme o sugiera que un producto, una marca o una empresa tiene un impacto ambiental positivo o nulo, es menos perjudicial que otros o ha mejorado su impacto con el tiempo.

En concreto, la Directiva:

  • Prohíbe utilizar términos genéricos como “ecológico”, “verde” o “respetuoso con el medio ambiente”, salvo que la organización pueda demostrar un comportamiento ambiental excelente reconocido.
  • No permite publicitar sellos ambientales de creación propia. Todos los sellos deben estar basados en un sistema de certificación independiente o establecidos por autoridades públicas.
  • Prohíbe afirmar que un producto tiene un impacto climático neutro, reducido o positivo sobre la base de la compensación de emisiones.
  • Prohíbe presentar como ventaja diferencial lo que la ley ya exige.
  • Exige, si la organización formula objetivos de futuro (por ejemplo, “cero emisiones netas en 2040”), un plan de ejecución detallado con metas intermedias medibles, plazos y recursos asignados, verificado periódicamente por un experto o una experta independiente.
  • Obliga a informar a la clientela, antes de la venta, sobre la garantía legal, la garantía comercial de durabilidad y la reparabilidad del producto.

Estado de la transposición en España

Como es una Directiva, el texto debe ser transpuesto al ordenamiento jurídico de cada país miembro. El plazo máximo vencía el 27 de marzo de 2026 y España lo ha incumplido.

El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que debía transponerla, no llegó a remitirse al Congreso, y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre lo deja en suspenso, pendiente de lo que decida el próximo Gobierno.

Que no haya ley española no significa que no haya riesgo: la Ley de Competencia Desleal ya prohíbe las prácticas engañosas, y las empresas que operan en otros Estados miembros ya deben cumplir allí la norma transpuesta por cada país.

Qué deberían hacer las empresas españolas

Esperar a la ley española no es la opción prudente. Desde el equipo de Sostenibilidad (ESG) de Baker Tilly recomendamos actuar ya en cuatro frentes:

  1. Inventariar las alegaciones. Revisar etiquetado, envases, web, redes sociales, publicidad, memorias e informes de sostenibilidad y documentación comercial. Identificar cada mensaje ambiental y quién lo aprueba.
  2. Revisar y depurar las alegaciones. Retirar las que no se puedan demostrar o sean ambiguas, las basadas en compensación de emisiones y los distintivos propios sin certificación independiente.
  3. Documentar la evidencia. Cada alegación formulada debe tener un expediente que permita demostrar su veracidad.
  4. Incorporar un procedimiento de aprobación de comunicaciones ambientales en el sistema de gestión existente (ISO 14001 de gestión ambiental, compliance) y formar al personal que participa en estas comunicaciones (Marketing, Ventas, etc.).

Conclusión

La Directiva 2024/825 ya se aplica en Europa y cambia las reglas de la comunicación ambiental: solo vale lo que se puede demostrar. El retraso de España en la transposición da algo de margen, pero no elimina el riesgo legal ni reputacional. Las empresas que revisen ahora sus alegaciones llegarán preparadas a la ley española y convertirán la sostenibilidad en un argumento creíble frente a su competencia.

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