
Fraude de subvenciones y responsabilidad penal de la empresa
Una reciente condena pone el foco en la doble financiación
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sentencia de 5 de octubre de 2026, ha condenado por fraude de subvenciones a una sociedad a una multa de 6.500 euros y a la prohibición de recibir subvenciones durante nueve meses por imputar a un proyecto europeo costes salariales ya financiados con otras ayudas públicas. Su administrador fue condenado a 23 días de prisión, pena sustituida por una multa.
Una doble financiación que ocasionó un perjuicio de 26.000 euros
Según la Fiscalía Europea (EPPO, European Public Prosecutor’s Office), la sociedad habría imputado a un proyecto Horizonte 2020 (programa europeo de investigación e innovación) de reparación de envases reutilizables costes salariales ya financiados por ayudas del Gobierno de Navarra para contratación juvenil e internacionalización.
Según la EPPO, tanto la sociedad como su administrador reconocieron los hechos y restituyeron íntegramente el perjuicio causado.
La doble financiación de subvenciones: un riesgo que debe identificarse y prevenirse
Recibir varias subvenciones no es, por sí mismo, irregular. El problema surge cuando se justifican los mismos gastos con distintas ayudas sin respetar las condiciones aplicables.
Por ejemplo, una empresa recibe una subvención para cubrir salarios y después imputa esos mismos costes a un proyecto europeo. Aunque las nóminas sean reales, puede haber doble financiación indebida, especialmente si los departamentos gestionan las ayudas por separado.
¿Qué controles deberían incorporar las empresas?
Para prevenir estos riesgos, el modelo de Corporate Compliance (el sistema de prevención de riesgos legales y penales de la empresa) debería contemplar controles proporcionados:
identificar ayudas, condiciones, gastos financiados y responsables.
comprobar si las ayudas son compatibles entre sí antes de imputar gastos.
compartir información entre Finanzas, Recursos Humanos y responsables de proyectos antes de justificar gastos.
vincular cada gasto, especialmente los salariales, con su financiación.
revisar justificaciones, documentar comprobaciones y gestionar incidencias.
Más allá de la multa: la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas
Una condena por fraude de subvenciones puede conllevar no solo penas para los administradores y administradoras, sino también sanciones para la propia sociedad cuando se cumplan los requisitos de responsabilidad penal de la persona jurídica.
Además de las multas, una de las consecuencias más graves es la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante un periodo que, en determinados supuestos, puede alcanzar los seis años y, en los supuestos más graves, hasta quince.
Para aquellas empresas cuya actividad depende en gran medida de financiación pública, esta prohibición puede comprometer seriamente la viabilidad de sus proyectos e incluso la continuidad de su actividad.
Por ello, la prevención del fraude de subvenciones no es únicamente una cuestión de cumplimiento normativo, sino también de protección de la actividad empresarial.
Desde el área de Corporate Compliance de Baker Tilly ayudamos a las empresas a implantar protocolos de gestión y control de subvenciones, con circuitos entre departamentos, validaciones y trazabilidad de gastos para prevenir irregularidades y reducir la exposición a riesgos penales.