Nuevo requisito para las empresas: planes de movilidad al trabajo

Aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible

El pasado 8 de octubre el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Te avanzamos qué organizaciones estarán afectadas y qué nuevas obligaciones se introducen. 

La Ley de Movilidad Sostenible conforma un marco legal sólido que da seguridad jurídica, estabilidad y coherencia a las políticas de movilidad y servirá de base para abordar avances hacia una movilidad más segura, más limpia y conectada. 

Es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y uno de los hitos acordados con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos NextGenerationEU. De hecho, su aprobación es clave para garantizar el acceso a los fondos europeos del citado Plan de Recuperación, que suman cerca de 10.000 millones de euros.

¿Qué implicaciones tiene para las empresas?

La entrada en vigor de la citada Ley introduce nuevas obligaciones para algunas organizaciones. En concreto,

Las empresas con más de 200 trabajadores, o 100 por turno, estarán obligadas a elaborar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo en un plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la Ley. 

Antes de elaborar el plan, las organizaciones afectadas deberán realizar un diagnóstico detallado de los desplazamientos de los empleados al centro de trabajo, incluyendo los medios de transporte utilizados y las distancias recorridas.

En función de los resultados del diagnóstico, se elaborará el plan que podrá incluir medidas concretas para fomentar el transporte público y compartido, facilitar el uso de vehículos eléctricos, promover el trabajo y horarios flexibles para reducir los desplazamientos y/o incentivar la movilidad activa (bicicleta, a pie). 

El plan deberá ser negociado con la representación legal de las personas trabajadoras y será comunicado a la autoridad designada en cada Comunidad Autonómica para su registro. 

Además, las empresas deberán realizar un seguimiento del grado de implantación de las medidas del plan y elaborar un informe de seguimiento periódico. 

Adicionalmente, las empresas que presten servicios de transporte o movilidad deberán calcular su huella de carbono, elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e inscribir la huella en el Registro de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD).

La ley aprobada será remitida al Senado para completar su tramitación, por lo que aún no ha sido publicada en el BOE. 

En definitiva, la Ley de Movilidad Sostenible es un instrumento jurídico que pretende modernizar el transporte, impulsar la descarbonización y, un detalle no menor, garantizar el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación, que suman cerca de 10.000 millones de euros.

Aunque el plazo de adaptación es de dos años, cumplir con estas nuevas obligaciones requiere tiempo, por lo que animamos a todas las organizaciones afectadas a que empiecen a trabajar en su desarrollo. Desde Baker Tilly, expertos en sostenibilidad, nos ponemos a vuestra disposición para cualquier duda o soporte que necesitéis sobre la Ley de Movilidad Sostenible.