La Comisión Europea lleva a España al TJUE por el IVA de las pymes

¿Qué ha llevado a esta situación en el ámbito europeo?

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado a su normativa determinadas modificaciones en materia de IVA introducidas por la Directiva (UE) 2020/285 y la Directiva (UE) 2022/542. 

Una de ellas, la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, resulta especialmente relevante para las pymes, ya que introduce cambios significativos en las normas del IVA que les son aplicables. Estos cambios pueden ser muy beneficiosos, ya que tienen como objetivos principales:  

• Reducir los costes fiscales para las pymes tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Unión Europea.

• Fomentar la transparencia en la competencia a escala europea.

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de IVA para las pequeñas y medianas empresas.

Entre otras medidas, esta norma permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual las personas autónomas y las pequeñas empresas pueden acogerse a un régimen de exención del IVA. 

En la práctica, esto significa que muchas empresas podrían no tener que repercutir IVA en sus facturas ni cumplir con determinadas obligaciones formales, como la presentación periódica de autoliquidaciones, reduciendo su carga administrativa y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos principales de la Directiva.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo, de 5 de abril de 2022, todos los Estados miembros debían adoptar la legislación nacional antes del 31 de diciembre de 2024 y comunicar dicha adaptación a la Comisión Europea. Sin embargo, España ha indicado que no aplicará este régimen de exención del IVA para pymes dentro de su territorio, aunque sí debía adaptar su normativa para permitir que este régimen pudiera aplicarse en otros Estados miembros.

Ante la falta de actuación del legislador español, la Comisión Europea inició, en enero de 2025, un procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento, seguido de un dictamen motivado en julio del mismo año. Al no recibir respuesta, el caso ha sido finalmente llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría imponer sanciones económicas a España.