El 1 de septiembre entró oficialmente en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) prevista en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
La AIPI nace con competencias en materia de canal externo, protección y apoyo al informante y potestad sancionadora. En teoría, a partir de ahora, cualquier persona que detecte una infracción en la organización de cualquiera de los hechos previstos en el artículo 2 de la citada Ley, puede comunicarlo al canal interno que tenga establecida la empresa, o bien a la AIPI o a la entidad autonómica correspondiente, siempre que ésta última se haya constituido.
Sin duda, un paso adelante en la aplicación de la Ley 2/2023 que pretende aflorar todas las irregularidades que se cometan y proteger a los denunciantes de posibles represalias.
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