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Criptoactivos. Activos de riesgo

Gregorio García 11 sept 2022

A nivel nacional, el Banco de España estima que uno de cada diez españoles mayores de 18 años posee algún criptoactivo.

Como ya comentamos en el post anterior (“Las criptomonedas como medio de pago en nuestros negocios”), empresas como Amazon, Badoo, Bloomberg, Dell, Microsoft, PayPal, Subway, Tesla y Victoria Secret’s, entre muchas otras más, ya aceptan criptomonedas como medio de pago en sus negocios. Habiéndose movido en 2021 cerca de 60.000 millones de euros en transacciones.

Pese a su imparable inclusión en nuestra sociedad, no hay que olvidar que los criptoactivos son considerados como activos de riesgo, pues 1) no existe aún en la Unión Europea un marco que regule los criptoactivos y proporcione garantías y protección similares a estos productos financieros, 2) existen múltiples criptomonedas en el mercado (se estiman en unas 10.000 criptomonedas “activas”), 3) los precios se forman en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, y 4) el robo, estafa o pérdida pueden suponer la pérdida de estos activos sin posibilidad de recuperación.

Las criptomonedas son un activo que se almacena en una cartera digital y no existe de manera física. Además, el hecho de que los pagos no puedan rastrearse entre el emisor y el receptor permite hacer transacciones de manera anónima. Por ello, es recomendable la implantación de controles internos enfocados a minimizar al máximo los riesgos (responsabilidad sobre la compra, autenticación segura en las claves, copias de seguridad de las claves, revisión previa a las transacciones para evitar errores, competencia y segregación de funciones, etc.).

Es tal el temor sobre la falta organismos centrales que controlen estos criptoactivos, que países como China han cerrado miles de cuentas en redes por promover inversiones en criptomonedas;  o la publicación por parte de la CNMV de la “Circular 1/2022, de 10 de enero, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión” para evitar la proliferación de “chiriguitos financieros” sin licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar en operaciones de inversión sobre instrumentos financieros.

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